Asesoría laboral: Huelga trabajadores

 

 

El derecho a la libertad de sindicación y del derecho de huelga a los trabajadores
se encuentran bajo reconocimiento constitucional, protegiéndose así dichas
libertades en todas sus manifestaciones.
Se castigará a quienes:
1) mediante engaño o abuso por situación de necesidad de la empresa, impidan
o limiten el ejercicio de la huelga
2) coaccionen mediante conductas intimidatorias o por la fuerza a los trabajadores
para que no vayan a secundar la huelga
Para todos ellos, se establecen penas de prisión o multa que oscilan, en función
de los hechos y gravedad de los mismos, entre los 6 meses y 3 años de cárcel.

El derecho a la libertad de sindicación y del derecho de huelga de los trabajadores se encuentran bajo reconocimiento constitucional, protegiéndose así dichas libertades en todas sus manifestaciones.

Se castigará a quienes:

1) mediante engaño o abuso por situación de necesidad de la empresa, impidano limiten el ejercicio de la huelga

2) coaccionen mediante conductas intimidatorias o por la fuerza a los trabajadores para que no vayan a secundar la huelga.

Para todos ellos, se establecen penas de prisión o multa que oscilan, en funciónde los hechos y gravedad de los mismos, entre los 6 meses y 3 años de cárcel.

 

Opinión sobre las huelgas (desde el punto de vista empresarial)

El derecho a la huelga debe acogerse y cumplir una serie de fases, requisitos y características para que la paralización sea legal.

Aún así, una huelga siempre deja en situación de indefensión a la empresa ya que:

1) no se permite contratar (ni directamente ni a través de una ETT) a otros trabajadores que sustituyan a los empleados que secundan una huelga.

2) aunque los empleados realicen la paralización, las vacaciones de los trabajadores no se ven afectadas en cuanto a su duración.

3) las paralizaciones siempre se presumen lícitas y es el empresario a quién corresponde formalizar la prueba de que ha habido un abuso.

4) aún cuando la empresa avise de que la huelga es ilegal, no se puede impedir el derecho a las paralizaciones (ya que se considera que sólo se trata de una simple opinión del empresario).

 

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